SIN TECHO EN UN PAÍS DE CASAS VACÍAS

Esta urbanización en Seseña, Toledo, es el paradigma del exceso inmobiliario de los años de la burbuja. El promotor, Paco El Pocero, pretendía construir la urbanización más grande de España. La crisis económica y la negativa municipal a la concesión de licencia limitó el sueño de El Pocero de 13.000 a 5.000 viviendas.
Seis meses después del desahucio, Milagros sobrevive gracias a Caritas, que paga temporalmente el alquiler del piso en el que vive con su marido y sus tres hijos.
Manifestación y denuncia frente a los Juzgados de Madrid contra la ilegalidad de las ejecuciones hipotecarias y desalojos forzosos.
En el salón de su casa, Fanny repasa los documentos sobre su desalojo.
Tras haber entregado las llaves del piso al banco, Fanny todavía tienen una deuda de 73.000 euros que le deducen mensualmente de su salario aunque cobra menos del mínimo profesional.
Después de 15 años en España, Fanny y su marido Mario planean volver a Ecuador en cuanto solucionen su situación.
Una de las consecuencias del desahucio más difíciles de asimilar para Fanny ha sido el no dedicarle tiempo a su hija por trabajar a destajo para afrontar los pagos. ‘A mi hija se le ha privado de su infancia’.
Este bloque de viviendas de Caixa Catalunya, después en manos del SAREB, permanecía vacío hasta que varias familias desahuciadas decidieron ocuparlo con el apoyo de la PAH de Tarrasa.
Toni consiguió la condonación tras acampar a la puerta de su sucursal. Junto a sus nuevos vecinos de bloque negocia un alquiler social. ‘Sólo queremos un sitio para vivir, un techo. ¿Es lo que dice la ley, no?’.
Sólo el 2% de las hipotecas personales se incumplen frente al 20% de empresas relacionadas con la construcción que se declaran en bancarrota.
Acampada y campaña de recogida de firmas para la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) frenta a la oficina central de Bankia en Madrid.
El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch: ‘Los ciudadanos tienen muy pocas opciones para defenderse contra los bancos. Argumentos válidos en otro tipo de juicios no son aceptados en disputas hipotecarias. La Ley favorece a los bancos, se dice, para proteger el crédito hipotecario’.
Paula se compró una casa en los años de bonanza económica que después refinanció para no perder. Con la ayuda de la PAH de Valencia lucha por la quita sin avales para intentar salvar el hogar de sus padres.
La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) consiguió un millón y medio de firmas de apoyo a su propuesta de mínimos que el gobierno rechazó en el Congreso.
Movilización ciudadana frente a los Juzgados de Madrid para denunciar la vulneración de derechos fundamentales de las ejecuciones hipotecarias y desalojos forzosos.
Elena y Fabián, madre e hijo reciben asesoramiento de la PAH de Logroño para no perder sus pisos con los que avalaron a un amigo común desahuciado.
Ada Colau era hasta mayo de 2014 la cara y voz del movimiento ciudadano contra los desahucios. Durante sus cinco años de portavoz, la PAH consiguió parar más de 1.000 desahucios.
Simpatizantes y afectados hacen cola frente a los Juzgaods de Madrid para presentar una denuncia contra la ley hipotecaria española.
La geografía nacional está salpicada de urbanizaciones como la de Seseña, Toledo, un recordatorio sangrante de la edificación sin límite en los años del boom inmobiliario.

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Ha sido una de las consecuencias más visibles y preocupantes de la crisis económica en España. Desde 2007 el drama de los desahucios suma, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), más de 550.000 desalojos. Y teniendo en cuenta que en un solo procedimiento puede haber hasta diez personas afectadas directa o indirectamente, entre titulares de las hipotecas, avales, hijos a cargo y familiares que acogen a quienes lo han perdido todo, el número de perjudicados se multiplica de forma exponencial.

Aunque los desalojos ya no son portada en medios de comunicación, la realidad está todavía lejos de solucionarse. La única fuente oficial que aporta datos, el INE, señala que las ejecuciones judiciales –si bien no tienen por qué acabar en desahucio-, seguían en aumento en el segundo trimestre de 2014. Y son precisamente estos datos oficiales los que sitúan a España a la cabeza de Europa tanto en número de desahucios como en número de vivienda vacía. Según el informe más reciente, que data de 2011, en España hay 3.443.365 viviendas no habitadas, un 10% más que en la década anterior, y el 21,4% se edificaron en los años de la burbuja inmobiliaria. La construcción masiva e incontrolada de casas ha creado un paisaje de macrourbanizaciones fantasma que no encuentran quien las pueble y personas desahuciadas que pierden sus hogares y además arrastran una deuda de por vida.

Este proyecto fue realizado entre finales de 2012 y principios del 2013 y recoge el testimonio directo de afectados en distintas etapas de proceso de ejecución. Milagros habla de su precaria situación seis meses después de haber sido desalojada junto con su familia ‘como si fueramos delincuentes’. Paula explica su lucha para evitar que la entidad bancaria se apodere de la casa de sus padres, que respaldaron su compra. Fanny y Mario intentan demostrar en juicio la estafa de los avales en cadena de la que fueron víctimas. Ani y Toni, animados tras haber conseguido la condonación de la deuda, negocian ahora un alquiler social mientras ocupan un edificio vacío en manos del SAREB, la sociedad creada para gestionar los activos de los bancos malos. Los portavoces de colectivos sociales e institucionales, Ada Colau de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y Joaquim Bosch de Jueces para la Democracia, ofrecen el contexto social y jurídico de esta realidad.

A las historias individuales se une un protagonista de grupo, una de las consecuencias positivas generadas por la crisis, el despertar de una movilización ciudadana que, coordinada por las PAHs locales y regionales, ha resultado muy activa y fructífera. A pie de calle se ha conseguido paralizar multitud de lanzamientos hipotecarios y, en un número creciente de casos, forzado a los bancos a negociar la cancelación de la deuda. La PAH recogió casi 1.500.000 firmas de apoyo a su Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que exigía medidas de mínimos -moratoria de los desahucios, dación en pago y alquiler social de viviendas vacías en manos de los bancos-. Triplicó el número de rúbricas requeridas para que una propuesta de este tipo sea tramitada en el Congreso pero fue desestimada por el Gobierno en febrero de 2013. Como tampoco fue tenida en cuenta por el Ejecutivo de Rajoy la resolución del Tribunal de Justicia Europeo, en la que se dictaminaba la ilegalidad de la Ley Hipotecaria española por atentar contra un derecho fundamental, el derecho básico a la vivienda. Un año después, el TJUE vuelve a dictar sentencia en julio de 2014 para exigir al Gobierno español la aplicación inmediata de las medidas defendidas por la PAH. Todavía está por ver si Rajoy acatará la decisión europea y terminará así con la indefensión ciudadana ante la ley o hará de nuevo oídos sordos a los imperativos de Bruselas. Pero como decía Ada Colau, los derechos civiles nunca han caído del cielo, sino que a lo largo de la historia se han conquistado a través de la desobediencia para lograr que leyes injustas cambien.

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Date 
2012 to 2013
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Angeles Rodenas mantiene el copyright sobre su trabajo

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