Desahucios

La asamblea de afectados por la hipoteca exige soluciones. Soluciones que son justas, posibles y que ya que se están aplicando en otros lugares:
Parar los desahucios, tanto de las familias hipotecadas como de los avalistas hasta que se haya encontrado una solución a su situación.  Y garantizar a los afectados el acceso a justicia gratuita para poder defenderse en los procesos de ejecución. En cualquier caso, garantizar que ninguna persona se quede en situación de desamparo habitacional: un Estado democrático respetuoso de los Derechos Humanos no puede permitir que miles de familias se queden en la calle a la vez que millones de pisos permanecen vacíos a la espera de ser un negocio rentable. Regular la dación en pago, de manera que si el banco ejecuta la hipoteca y se queda la vivienda, la deuda queda liquidada. Conversión del parque de viviendas hipotecadas de primera residencia en parque público de alquiler social. Que la administración fuerce a las entidades financieras a asumir los precios reales de las viviendas haciendo que los bancos renuncien a un porcentaje significativo de la deuda hipotecaria para que, a continuación, la administración compre la vivienda a precio de vivienda protegida de régimen general y el antiguo propietario pueda permanecer en ella como inquilino de vivienda protegida, siempre y cuando cumpla los requisitos establecidos para ser beneficiario de la misma.

Así no sólo se ayudaría a las familias hipotecadas, sino que ganaría toda la sociedad al aumentar el parque de vivienda pública en alquiler. Realización de una Auditoría social sobre el funcionamiento del mercado hipotecario. Existen indicios fundados que nos indican que la ciudadanía ha sido objeto de un gran fraude que debe ser investigado para poder establecer las responsabilidades de entidades empresariales, bancarias, así como de las instituciones públicas. La misma auditoría debería aclarar dónde han ido a parar los beneficios millonarios que se generaron durante el boom inmobiliario.
Establecer los mecanismos, las reformas y las políticas necesarias para que el acceso a una vivienda adecuada no vuelva a ser jamás un negocio para unos pocos y una esclavitud para las familias trabajadoras. En el caso del mercado hipotecario, establecer por ley que el pago de la cuota mensual hipotecaria en ningún caso sea superior al 30% de los ingresos de la persona o unidad familiar, a un plazo máximo de 20 años.

Un fragmento del manifiesto de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)