Ha sido una de las consecuencias más visibles y preocupantes de la crisis económica en España. Desde 2007 el drama de los desahucios suma, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), más de 550.000 desalojos. Y teniendo en cuenta que en un solo procedimiento puede haber hasta diez personas afectadas directa o indirectamente, entre titulares de las hipotecas, avales, hijos a cargo y familiares que acogen a quienes lo han perdido todo, el número de perjudicados se multiplica de forma exponencial.
Aunque los desalojos ya no son portada en medios de comunicación, la realidad está todavía lejos de solucionarse. La única fuente oficial que aporta datos, el INE, señala que las ejecuciones judiciales –si bien no tienen por qué acabar en desahucio-, seguían en aumento en el segundo trimestre de 2014. Y son precisamente estos datos oficiales los que sitúan a España a la cabeza de Europa tanto en número de desahucios como en número de vivienda vacía. Según el informe más reciente, que data de 2011, en España hay 3.443.365 viviendas no habitadas, un 10% más que en la década anterior, y el 21,4% se edificaron en los años de la burbuja inmobiliaria. La construcción masiva e incontrolada de casas ha creado un paisaje de macrourbanizaciones fantasma que no encuentran quien las pueble y personas desahuciadas que pierden sus hogares y además arrastran una deuda de por vida.
Este proyecto fue realizado entre finales de 2012 y principios del 2013 y recoge el testimonio directo de afectados en distintas etapas de proceso de ejecución. Milagros habla de su precaria situación seis meses después de haber sido desalojada junto con su familia ‘como si fueramos delincuentes’. Paula explica su lucha para evitar que la entidad bancaria se apodere de la casa de sus padres, que respaldaron su compra. Fanny y Mario intentan demostrar en juicio la estafa de los avales en cadena de la que fueron víctimas. Ani y Toni, animados tras haber conseguido la condonación de la deuda, negocian ahora un alquiler social mientras ocupan un edificio vacío en manos del SAREB, la sociedad creada para gestionar los activos de los bancos malos. Los portavoces de colectivos sociales e institucionales, Ada Colau de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y Joaquim Bosch de Jueces para la Democracia, ofrecen el contexto social y jurídico de esta realidad.
A las historias individuales se une un protagonista de grupo, una de las consecuencias positivas generadas por la crisis, el despertar de una movilización ciudadana que, coordinada por las PAHs locales y regionales, ha resultado muy activa y fructífera. A pie de calle se ha conseguido paralizar multitud de lanzamientos hipotecarios y, en un número creciente de casos, forzado a los bancos a negociar la cancelación de la deuda. La PAH recogió casi 1.500.000 firmas de apoyo a su Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que exigía medidas de mínimos -moratoria de los desahucios, dación en pago y alquiler social de viviendas vacías en manos de los bancos-. Triplicó el número de rúbricas requeridas para que una propuesta de este tipo sea tramitada en el Congreso pero fue desestimada por el Gobierno en febrero de 2013. Como tampoco fue tenida en cuenta por el Ejecutivo de Rajoy la resolución del Tribunal de Justicia Europeo, en la que se dictaminaba la ilegalidad de la Ley Hipotecaria española por atentar contra un derecho fundamental, el derecho básico a la vivienda. Un año después, el TJUE vuelve a dictar sentencia en julio de 2014 para exigir al Gobierno español la aplicación inmediata de las medidas defendidas por la PAH. Todavía está por ver si Rajoy acatará la decisión europea y terminará así con la indefensión ciudadana ante la ley o hará de nuevo oídos sordos a los imperativos de Bruselas. Pero como decía Ada Colau, los derechos civiles nunca han caído del cielo, sino que a lo largo de la historia se han conquistado a través de la desobediencia para lograr que leyes injustas cambien.
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